No hubo acuerdo en la audiencia realizada ayer entre la Unión Tranviario Automotor (UTA) seccional Corrientes y las empresas de transporte de la ciudad, y se abre un compás de espera. Luego de las impugnaciones planteadas por el gremio al proceso preventivo de crisis presentado por las firmas Ersa SA, Turismo Miramar y San Lorenzo, los referentes de ambas partes volvieron a congregarse en la Subsecretaría de Trabajo local.
La UTA solicitó que el organismo de Trabajo de Corrientes declare su incompetencia, debido a que cualquier modificación al Convenio Colectivo de Trabajo tiene que ser analizado por el Misterio de Trabajo de la Nación.
“Pedimos que se declare su incompetencia y que se remitan las actuaciones al Ministerio de Trabajo, para que el trámite vaya por esa vía. Mientras no se agote el procedimiento preventivo de crisis las empresas no pueden despedir, ni suspender, ni modificar las condiciones de trabajo. Se ha pedido la intervención del Consejo Directivo de la UTA nacional para que participe del procedimiento preventivo de crisis”, señaló un vocero gremialista local.
El sindicato había solicitado que cada empresa presentara su estado financiero y los balances para fundamentar el estado de crisis.
“Hemos rechazado el acuerdo con las tres empresas en virtud de que no han presentado las documentaciones que tendrían que haberse homologado en el Ministerio de Trabajo, donde la Subsecretaría de Trabajo debería remitir el procedimiento de crisis. Vamos a esperar a ver qué resuelve la Subsecretaría, y si tenemos que llegar a una medida de fuerza, lo vamos a hacer, porque no vamos a aceptar la reducción de horas, la suspensión de 60 compañeros y no tener los seis francos que nos corresponden por mes”, dijo Omar Correa, titular sindicalista en Corrientes.
Por su parte, el representante legal de las empresas de transporte, Gustavo Larrea, fustigó el requerimiento de la UTA, asegurando que “no hay impedimento para seguir tramitando, discutiendo y homologando acá”.
En ese sentido, agregó que existe un decreto, el 265, que delega la facultad a la jurisdicciones, y que hay una resolución de Trabajo de la Nación, la Nº 337, que específicamente faculta a las jurisdicciones a tomar intervención en los estados de crisis.
“Este proceso no tiene determinado nuevas audiencias. Se tiene que resolver dentro de 10 días, y si existe acuerdo termina el proceso. Si hay un principio de acuerdo, se solicita un audiencia y se homologa el acuerdo”, señaló.
Dijo además que no solicitaron la reducción del 70 por ciento del salario de los trabajadores sino “el pago no remunerativo”, y que pidieron establecer la “jornada partida”, es decir, turnos de cuatro horas a medida que exista más demanda. Se pone la cantidad de servicio de acuerdo a la cantidad de pasajeros. Se corta la jornada en cuatro horas y se retoma el servicio cuando se retome la operación”, explicó.
Fuente diario norte
