El negocio es amplio y cada participante se queda con una tajada, desde el remisero que se asegura varios traslados, pasando por alojamientos y atención en clínicas privadas.
“Un bebé cotiza como un auto usado: entre 100.000 y 200.000 pesos”, aseguró un letrado obereño, conocedor del submundo de la intermediación rentada de la que participan buscapanzas, abogados y profesionales de la salud, entre otros actores de la nefasta red.
También es cierto que las modificaciones de la legislación provincial y del Código Civil redujeron el número de adopciones en Oberá, tantas veces relacionada con la denominada venta de bebés en informes de la televisión nacional. En tal sentido, hace una década se tramitaban 100 adopciones anuales sólo en esta ciudad, estadística que en los últimos años se redujo a menos de diez por año.
De todas formas, conocedores del entorno afirman que el negocio se adapta y persiste. Entre otras estrategias, reclutan embarazadas vulnerables y las trasladan para dar a luz en otras provincias; o se llevan bebés de Misiones y los anotan como propios.
En septiembre del 2016 una pareja de General Rodríguez, Buenos Aires, viajaba con un recién nacido y fueron detenidos en el control de Gendarmería del Arco, límite con Corrientes, lo que derivó en una causa por supresión de identidad.
Ante los uniformados, la mujer argumentó que dio a luz sin asistencia médica en la aldea de Fracrán, San Vicente, tras lo cual se dirigió al hospital local para anotar al niño.
La trama incluyó a una médica y a un cacique mbya guaraní. Actualmente, los cuatro implicados aguardan el juicio en libertad y existen fundadas sospechas de que la pareja acusada continúa operando en la zona Centro.
Entramado
El Territorio se contactó con un familiar de los imputados, quien aseguró que desde hace por lo menos quince años la citada pareja se dedica a reclutar jovencitas embarazadas de barrios carenciados, tanto de Oberá como de localidades vecinas.
“Ella es obereña y se fue a Buenos Aires a los 17 años. Allá empezó a trabajar en un hospital como enfermera, le conoció al marido y empezaron este negocio casi de casualidad, cuando una pareja conocida les preguntó si no conocían a alguna chica que quiera dar a su bebé. Como ella conoce mucho acá (en Oberá), enseguida hizo los contactos y le salió bien. Así fue haciendo los contactos Buenos Aires”, detalló. Aseguró que “antes era más fácil porque conseguían la criatura, iban al Juzgado y empezaban los trámites. Pero desde hace unos años hay más requisitos y tienen más cuidado, pero siguen en la misma transa. Ahora lo que hacen es llevar a las chicas a Buenos Aires, los bebés nacen allá y hacen figurar como hijos biológicos de los que pagan. O hacen todo en una colonia, como pasó en Fracrán”.
La fuente solicitó la reserva de su identidad por temor a represalias y reconoció que es pariente directo de la implicada, de quien se distanció hace muchos años.
“Cuando pasó lo de Fracrán pagaron una fianza de 15 mil pesos cada uno y listo. Cada tanto tienen que pasar por el juzgado a firmar, y aprovechan para hacer sus cosas”, remarcó.
Por su parte, un abogado del foro local aseguró que el negocio se readecúa a las circunstancias para mantener la rentabilidad.
Sin medias tintas graficó que “un bebé cotiza como un auto usado: entre 100.000 y 200.000 pesos”, al tiempo que “la mayor tajada se llevan los intermediarios y las madres biológicas migajas”.
“Son miles las parejas que quieren adoptar y más del 90 por ciento quiere bebés recién nacidos. Como contrapartida, los bebés en situación de adoptabilidad son minoría y cada vez se ajustan más los controles para que la familia ampliada -abuelos, tíos y otros parientes- se hagan cargo de las criaturas. Es decir, es una cuestión de oferta y demanda, aunque suene terrible decirlo así”, precisó. En ese contexto prosperan los inescrupulosos. Según la fuente, el primer nexo con las madres vulnerables está en los barrios: las “buscapanzas”, quienes conocen el entorno en detalle.
“Ellas saben si la chica es soltera, con quién vive y qué problemas tienen. Las buscapanzas trabajan para los intermediarios, que en Oberá hay varios conocidos, quienes a su vez hacen el contacto con algún profesional que tiene una pareja interesada en un bebé. Y como adoptar acá es cada vez más complicado, muchas veces incurren en la supresión de identidad, que es un anotar a una criatura como hijo propio, un delito gravísimo”, indicó.
En marzo del 2009 un informe del Canal América de Buenos Aires implicó a una técnica radióloga del hospital Samic de Oberá con una red delictiva dedicada a la venta de bebés. “Porque si querés un bebé, te digo, tenés que contar con 30 mil pesos… pero te lo llevás”, aseguró Mirta G. en cámara oculta, entre otros detalles que pusieron al descubierto los engranajes de una verdadera mafia local. El informe derivó en una denuncia penal contra dos funcionarias públicas por supuesta instigación al delito de “supresión de identidad”, ya que además de la radióloga, también se vio implicada la empleada municipal Nilda G., inmediatamente desafectada del cargo. Ante la contundencia de la prueba contra Mirta G., en octubre del 2015 el entonces gobernador Maurice Closs firmó un decreto declarando su cesantía. De todas formas, la agente se vio beneficiada con un recurso de amparo y retomó su puesto laboral en Salud Pública, donde continúa.
El juez de Familia de Oberá, José Moreira, asumió en junio del 2011 y desde entonces se redujo notablemente la cantidad de adopciones en esta ciudad. “En mi juzgado estamos por debajo de diez al año, cuando hubo una época donde se hacían más de cien por año. Una ciudad que exportaba niños al país. Chicos de exportación siendo una ciudad tan rica, con un crisol de razas, con tantas religiones, industrias y comercios, pero por el lado de las adopciones parecía que hacíamos agua. No digo que no seguimos con problemas en muchos aspectos, pero por lo menos la legislación provincial, nacional e internacional que adoptó el Estado argentino tiene un solo objetivo: que los niños tengan derecho a una familia, que en principio debería ser la familia de origen, en segundo lugar la familia ampliada y en tercer lugar a los que se inscriben en las listas de adoptantes».
Tiempos irreconciliables
El turbio negocio que representa la adopción ilegal de un bebé desnuda otros dramas: las carencias de la madre biológica, el anhelo de una pareja de convertirse en padres y, claramente, la lentitud en los trámites (pese a los cambios del Código Civil). El tiempo es un factor que muchas veces desalienta a caminar por la senda de la legalidad, de lo correcto. Y los inescrupulosos se aferran a eso para verse beneficiados económicamente. Mientras tanto, el mayor perjuicio es para el niño. Por un lado, hay casos en los que se ve vulnerado su derecho a la identidad. Por otro, los tiempos de la Justicia y de las necesidades del niño son irreconciliables. Resta con repasar las cifras de la infancia judicializada en Misiones. El Observatorio de la Defensoría de los Derechos del Niño esboza que el 26 % de los que ingresó al hogar convivencial tiene entre 1 y 5 años. Hay un total de 378 chicos alojados en 19 instituciones habilitadas. Lo grave es, en realidad, que los niños pasan hasta seis o siete años en espera de una familia.
Fuente el territorio
