La Sala Unipersonal Segunda de la Cámara Primera en lo Criminal, bajo la presidencia de Glenda Laura Vidarte de Sánchez Dansey, esta semana dictó la sentencia en la causa Nº 799/2018-5, caratulada: «Martínez, Cristian Salvador s/defraudación calificada» en la que interviene como fiscal de Cámara subrogante Juan Martín Bogado.
El fallo de la jueza Sánchez Dansey quien halló culpable al ganadero y extudiante de ciencias veterinarias de 45 años por el delito de robo de ganado en el establecimiento Don Ramiro, sito en el campo Winter en General San Martín y por lo cual , fue condenado a tres años y dos meses de prisión efectiva.
Por la defensa, estuvo Miguel Ángel Feldmann, y por la querella, Héctor Adrián Araujo .
Los hechos
En el juicio se dio por acreditado que Martínez estimativamente en el periodo de tiempo transcurrido entre los años 2013 y 2018, en ocasión de desempeñarse como administrador de la firma Establecimiento Don Ramiro, mediando abuso de confianza defraudó a la mencionada firma ya que en ocasión de vacunar la hacienda (tarea realizada en varios días), haciendo pasar los animales en varias oportunidades por la manga: no solo el ganado fue vacunado reiteradamente, sino que el ahora condenado burló los controles intentados por los dueños de la empresa, que pintaron con pintura asfáltica los animales para así poder contabilizarlos e individualizarlos como vacunados, coincidiendo con la cantidad del Senasa. El sujeto se sirvió de los trabajadores Claudio Marcelo Ayala y Mauro Leonardo Ayala para borrar con combustible las marcas realizadas con pintura asfáltica en los vacunos de la empresa, y poder así contar nuevamente los mismos para que coincida la cantidad, en beneficio propio.

El millonario perjuicio
La maniobra que terminaba alterando los certificados de vacunación superando en sus registros la cantidad real de cabezas de ganado total entre vacas, toros, novillitos, vaquillonas, terneras y terneros, como también alterando el registro del ente sanitario Senasa, provocando así perjuicio patrimonial a la firma de mención consistente en aproximadamente el doble de dinero correspondiente a erogaciones relativas a vacunaciones y tributos y haciendo pasar que había un número mayor de cabezas que las realmente existentes para que coincida con los números de la empresa.
Durante el juicio, sobre la misma base fáctica, el Ministerio Fiscal consideró la faltante de trescientos ochenta cabezas lo que configuraría la defraudación con perjuicio patrimonial para los propietarios.