La causa «Carbón Blanco«, que se convirtió en una de las más emblemáticas de la Argentina y llevó a prisión a el abogado Carlos Salvatore, ahora puede ser parte de una inyección de dinero y bienes al sistema de salud de Chaco para hacer frente al coronavirus.
El Ministerio Público Fiscal pidió que todo lo decomisado sea destinado a la provincia gobernada por Jorge Capitanich.
Se trata de 70 inmuebles, 26 automotores y más de once millonesde pesos incautados durante la segunda parte de la investigación. El objetivo es que se destinen en forma transitoria y excepcional a hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia.
Chaco es una de las provincias de la Argentina con más casos registrados: 202 positivos y 11 víctimas fatales.
La solicitud fue firmada por el fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, Federico Carniel, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Mario Villar y María Laura Roteta y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), que encabeza Carmen Chena.
Los fiscales pidieron que el dinero sea utilizado para cubrir las demandas del sistema de salud de la provincia, en coordinación con las autoridades nacionales sanitarias o la dependiente del Poder Ejecutivo Nacional que tenga a su cargo la organización federal de los recursos.
A la vez, solicitaron que los bienes inmuebles se inscriban en los registros correspondientes a nombre del Estado Nacional, y se otorgue inmediata intervención a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19.
Con relación a los automotores que estén en condiciones, la idea es que atiendan cuestiones asistenciales y de seguridad vinculados a la situación de la pandemia y aislamiento social preventivo y obligatorio.
Es decir, que «se entreguen con el fin de que los agentes afectados a los servicios de salud, desarrollo social, seguridad y/u otros servicios esenciales, puedan efectuar el traslado de personas y elementos relacionados a la emergencia sanitaria«, indicó el MPF en su sitio web.
Mensaje a la sociedad
Para los funcionarios judiciales, “el destino social que se atribuya al decomiso encuentra su fin, aunque no como pena en sí mismo, también en razones de prevención general positiva: constituye un fuerte mensaje a la sociedad».
«Que la ilegalidad de esos bienes se puede –y debe- resignificar a través del proceso penal y una sentencia, que devuelva a la sociedad una utilidad pública de aquello que se obtuvo mediante la comisión de crímenes graves«, completaron.
No se trata de la primera iniciativa en ese sentido. La Procunar y el Ministerio Público en Salta lograron que hoteles que pertenecían a otro importante grupo narco, el clan Loza, sean utilizados para alojar a extranjeros que deban realizar la cuarentena.
La procuración antinarcóticos, a la vez, a cargo de Diego Iglesias, impulsó a la vez que un megraemprendimento financiado por un cartel de drogas colombiano en Pilar sea reacondicionado como centro de análisis para el estudio de casos de coronavirus.
