Exactamente a las 8.58 una mujer que distorsionó su voz para evitar ser identificada llamó a la línea 911 y denunció que había una bomba dentro del colegio, emplazando a desalojar el lugar en 15 minutos. En ese momento los alumnos estaban en el recreo, que finalizaba a las 9.05.
El pavoroso mensaje movilizó a la Policía que activó el protocolo de seguridad para estos casos y enseguida arribaron al edificio de la calle Sarmiento expertos de la Brigada de Explosivos de la Policía y efectivos del Cuerpo de Bomberos.
Por un acuerdo con las autoridades y profesores del establecimiento, el procedimiento se llevó a cabo con mucho sigilo y precaución para no alterar a los alumnos. Los policías revisaron palmo a palmo el moderno edificio, ingresaron a todas las aulas, oficinas, depósitos y sanitarios, y al cabo de más de una hora de minuciosa pesquisa no encontraron nada.
“Creemos que fue una broma de muy mal gusto o bien que el llamado lo hicieron con la finalidad de paralizar las actividades por un tiempo determinado y evitar algún examen o alguna actividad en alguno de los cursos”, explicó a La Mañana el juez de turno, Marcelo López Picabea, quien se trasladó hasta el colegio y dirigió personalmente el operativo policial, acompañado de la fiscal Natalia Tafetani.
El magistrado confirmó que el llamado al 911 fue realizado por una mujer que modificó su voz usando un pañuelo o algún otro elemento, alertando sobre un artefacto que iba a explotar en el ex–Colegio Nacional.
El juez Picabea dijo que si bien se trató de una falsa alarma producto de una broma que quizá tenía como objetivo evitar algún examen o lección en alguno de los cursos, señaló que se va a investigar a fondo para lograr identificar al responsable de esta amenaza.
En tal sentido, dijo que el número de teléfono desde donde se hizo la llamada quedó impactado en los registros del 911, razón por la cual ahora se van a realizar tareas periciales y de rastreo. “Hasta ahora no sabemos si llamaron desde una casa, si fue en la calle o una alumna que en ese momento estaba en el colegio”, acotó.
Al mismo tiempo, verificaron el registro de asistencias de alumnos para constatar los que estaban ausentes y tomaron nota de las actividades que estaban previstas en los diferentes módulos cuando los alumnos volvían al aula tras la finalización del recreo. “Pensamos que la intención fue que suspendan las clases hasta el mediodía”, insistió el juez al referirse al móvil de la falsa amenaza de bomba.
Dijo también que el trabajo de búsqueda se hizo en forma solapada para evitar el estrépito entre los alumnos. “Se cumplieron todos los pasos y el trabajo se hizo bien, sin necesidad de alterar o generar ningún tipo de caos entre los estudiantes”, subrayó Picabea, quien destacó que lo más importante de todo es que se trató de una falsa alarma y que el supuesto artefacto explosivo nunca existió.
Directivos del colegio negaron el hecho
En horas de la tarde, La Mañana consultó al vicerrector de la institución educativa, Javier Vargas y éste negó el hecho rotundamente, asegurando que solo se trató de un rumor.
Al ser consultado, sostuvo que no hubo ninguna amenaza de bomba y que “solo se trataba de fábulas de los chicos”.
Señaló que hubo presencia policial dentro de la escuela, recorriendo y revisando las instalaciones en el marco del operativo de seguridad por realizarse hoy la Feria de Ciencias, instancia Provincial.
Un delito que prevé penas de hasta 6 años de cárcel
Este tipo de conductas están encuadradas por el Código Penal Argentino como delitos contra el orden público y es el artículo 211 el que se refiere específicamente a las acciones de esta índole, cuando bajo la calificación de Intimidación Pública dice que será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos.
Agrega el texto legal que “cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años”.
Antecedentes
En el país existen numerosos antecedentes de falsas amenazas de bombas a escuelas, colegios e instituciones públicas, algunos de los cuales llegaron hasta la condena judicial.
El más reciente data de mediados del mes pasado, cuando un joven de 16 años fue declarado penalmente responsable de una amenaza de bomba que hiciera meses atrás en una escuela de Ciudad Jardín, en el Municipio de Tres de Febrero, en la provincia de Buenos Aires.
El juez Ramón Bogado Tula, del Juzgado de Responsabilidad Juvenil Nº 2 de San Martín, declaró al joven penalmente responsable. El magistrado se basó en el artículo 211 del Código Penal, que hace referencia al delito de intimidación pública.
En una primera instancia -como el proceso de responsabilidad penal juvenil se divide en dos fases- el adolescente deberá seguir un tratamiento tutelar. Pero en un año, cuando se realice la nueva audiencia, se le podrá determinar una pena que podría ir de dos a seis años de prisión.
En el reciente fallo dictado por el juez se mencionan obligaciones como concurrir a un centro socio comunitario departamental con regularidad, continuar asistiendo a la escuela, seguir un tratamiento psicológico y asistir en forma quincenal a la sede judicial. También, el joven deberá ir a los talleres en la Dependencia de Explosivos de San Martín, y concurrir a una entrevista en el sistema 911 “para comprender cabalmente la labor de estos organismos ante hechos de emergencia, y cuáles son las consecuencias negativas que generan estas falsas amenazas”, se establece en el texto del fallo.
Además, por la vía civil correrá la sentencia relacionada con el daño económico para resarcir a la Municipalidad de Tres de Febrero por los recursos estatales que deben ponerse en acción ante estas situaciones.
¿Qué sucede cada vez que alguien llama al 911 y denuncia que hay una bomba en una escuela? Se activa un protocolo y se avisa al área de Explosivos, que va de inmediato a inspeccionar el lugar.
En cada maniobra de este tipo se movilizan brigadas de explosivos y bomberos, además de ambulancias. Y se pone en alerta a los hospitales de la zona, causando un perjuicio enorme que pone en juego recursos económicos del Estado, como así también el miedo que genera en la continuidad de los días de clase y el estrés de los maestros y directores.
Fuente la mañana
