Políticos, funcionarios judiciales, de las fuerzas de seguridad y hasta un juez están sospechados de intervenir en actividades de narcotráfico.
El 14 de marzo de 2017 el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires, Sergio Torres, dio la orden para que 800 efectivos de la Gendarmería intervengan en uno de los operativos judicializados más mediatizados de la historia de Corrientes. El Operativo Sapucay tuvo como fin la detención de 26 individuos vinculados a operaciones de narcotráfico, según el cúmulo probatorio que había sido incorporado a la causa 3002/2017 registrada en esa judicatura. En esa oportunidad el magistrado porteño ordenó la detención de Natividad Terán, intendente de Itatí y su viceintendente, Fabián Aquino. El golpe de efecto fue aprovechado por el gobierno de Mauricio Macri para hablar de narcopolítica y horas después de la acción, la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich arribó a la provincia para felicitar a los efectivos, al tiempo que se le enrostraba la sospecha de ilicitud a los referentes políticos del kirchnerismo, opositor al gobierno. Las acusaciones hacia las máximas autoridades de Itatí se basaron en declaraciones de testigos de identidad protegida que le endilgaron al jefe comunal, la supuesta protección, desde su lugar, a los líderes narcos. También se generó la sospecha de que la campaña electoral de Terán y Aquino pudo haber sido financiada con dinero del narcotráfico. Pero con el devenir de las investigaciones otro referente político fue vinculado a las acciones criminales. Se trata de Juan Manuel Faraone, ex intendente de la localidad de Empedrado, al sur de la capital correntina, quien está señalado como el que habría brindado protección a Federico Sebastián Marín, uno de los supuestos líderes narcos de Itatí. Esto surge de escuchas telefónicas obtenidas luego de que Marín fue cercado por la Gendarmería en la capital correntina, situación en la que habría recibido un disparo de arma de fuego. Tras esto se comunicó con Faraone y este le recomendó que se acerque a Empedrado para ser asistido.
Familiares politicos
El fiscal Federal General de Corrientes, Carlos Adolfo Schaefer, explicó ayer uno de los vínculos investigados entre un ex intendente, el jefe de una organización narco y el juez Carlos Soto Dávila. Recordó que cuando se lo detiene a (Juan Manuel) Faraone, se detuvo a dos elementos de Gendarmería, ambos prestaban servicios en el Juzgado Federal. Uno era custodio de Soto Dávila, y marido de la gendarme, que era hija de Faraone, a los cuales se los comienza a investigar a partir de haber realizado el gendarme varios informes socioambientales favorables a algunos imputados. En la causa también consta que los involucrados en causas de narcotráfico negociaban supuestamente con el custodio un acercamiento al magistrado para mejorar la situación procesal de quienes estaban privados de la libertad. Pero los supuestos pagos de coimas también se habrían manejado por otros carriles. Según el fiscal, con los primeros procesamientos de la causa Sapucay casi todos los arrepentidos daban cuenta de cómo se tenía que pagar a la Justicia para recobrar la libertad y ahí surgían datos sobre cómo se operaba. Indicó en este marco que en las averiguaciones realizadas se ven como personas que no debían ser excarceladas y singularmente eran liberadas. Era incomprensible el otorgamiento de estas excarcelaciones. No nos quedamos con los elementos aportados por los arrepentidos. Fuimos trabajando también con base en las excarcelaciones y surgen 10 causas que fueron apartadas de Soto Dávila por gravedad institucional, determinación establecida por la Cámara de Apelaciones. En ese marco el funcionario sostuvo que la situación trasunta la causa cuando se ven los resultados, y cuando las personas son excarceladas cuando no debían ser beneficiadas con la libertad Citó como ejemplo una causa en la que dos extranjeros fueron detenidos con marihuana, luego fueron excarcelados y no los encontraron nunca más.
Norte Corrientes.
