La obra millonaria para dragar el Riachuelo fue puesta bajo la lupa de la Justicia, debido a supuestas inconsistencias técnicas, ambientales y de contratación. A pesar de haber sido un trabajo largamente anhelado por la población de San Luis del Palmar y zonas aledañas, que resultaron devastadas por el desborde del cauce, hoy la obra no reuniría los requerimientos técnicos y encerraría un grave peligro para el ambiente. El ex director de Defensa Civil de San Luis y titular de la fundación La Alameda Corrientes, José María Serbín, denunció hechos de corrupción en la obra de dragado del Riachuelo y aseguró a este diario que la Dirección de Vías Navegables certificó que dicho trabajo (dragado) se pudo haber realizado por $30 millones, mientras que se utilizaron $180 millones para contratar a una empresa privada. Es una caja de corrupción de funcionarios del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), sentenció. Asimismo, junto a Emilio Spataro, presentó una denuncia penal contra los funcionarios a cargo de la obra millonaria. El expediente Nº 187.238 cursa en la Fiscalía de Instrucción Nº 5 de Corrientes, a cargo de la doctora Graciela Fernández Contarde. Al respecto, Emilio Spataro, ex miembro fundador de la Organización Ecologista Guardianes del Iberá, dijo a NORTE de Corrientes: Luego de la última gran inundación se declaró la emergencia hídrica en San Luis por 180 días, y es legal que en ese marco el Estado puede realizar contratación directa de una empresa. Entonces, el Icaa contrató a una empresa para destruir un banco de arena en la desembocadura del Riachuelo a la altura del río Paraná. Pero finalizado el plazo, el Icaa siguió la obra río arriba, sin estudiar lo hecho, desmontando selvas en área protegida y liquidando el ecosistema del humedal. Así, la denuncia expresa: Se solicita a la Fiscalía que cite a los funcionarios denunciados, administrador y representante técnico del Icaa, ministro de Turismo de la Provincia, director de Parques y Reservas y quien diera la orden de dragado del Riachuelo, desmonte de sus selvas ribereñas y afectación por tales actividades al área protegida del Parque Provincial San Cayetano (Ley Nº 6.360), por su posible autoría o participación en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Los mismos deberán informar quién dio la orden de inicio de las obras por fuera de la normativa ambiental vigente y quién no dispuso su cese al observar los excesos constatados en el área protegida.
