Un grupo de familias que habita desde hace tiempo en el barrio Molina Punta se encuentra en alerta ante la posibilidad de un desalojo. Son nueve los que recibieron una nota algunos días atrás, intimándolos a dejar el lugar en 48 horas debido a que allí se abrirán dos calles. Lo cierto es que ese plazo ya venció, pero los vecinos se encuentran en una total incertidumbre ya que reciben información contradictoria desde diferentes ámbitos.
Según les comunicaron en un primer momento, la idea del Municipio era prolongar la extensión de las calles Saladas y Punta Ñaró, aunque finalmente señalaron que en vez de esta última se intervendría sobre su paralela, Monte Caseros. “Llegó una cédula de notificación, pero no sabemos de manera concreta qué va a pasar”, expresó Miguel ayer, cuando El Litoral visitó la zona.
Las casas en las que habitan estos grupos familiares son construcciones de material, por lo que les genera aún más preocupación la posibilidad de tener que irse. “Nos dijeron que el martes o miércoles que viene nos van a desalojar, que llamemos a nuestros familiares para que nos ayuden a sacar nuestras cosas”, comentó al respecto María, una de las mujeres que vive donde sería la traza de la arteria a unos 200 metros del río.
Por su parte, algunos funcionarios municipales que se acercaron hasta el lugar no dieron mayores precisiones a los vecinos que se encuentran preocupados, aunque sí reconocieron la posibilidad de que tengan que dejar sus viviendas. Sobre esta cuestión, otra de las vecinas contó a este matutino que “nos ofrecen reubicarnos, pero nosotros no vamos a dejar este lugar para ir a otro lado y vivir peor”.
Según comentaron los habitantes del lugar, la Comuna les ofreció un terreno a unas pocas cuadras de donde están ahora, aunque temen que las condiciones sean más precarias que las actuales. “No voy a dejar mi casa para ir a un rancho, porque encima nos quieren dar un predio sin nada”, expresaron.
Llamativamente, en medio de esta situación de incertidumbre y de la posibilidad de un desalojo o traslado a otro sitio, desde algunos sectores de la Justicia aseguraron que no están dadas las condiciones ni se cumplieron con todos los pasos como para que haya una resolución en el corto plazo. En este sentido, la defensora de Pobres y Ausentes, Nora Maciel, señaló que “estaban emplazados, pero tienen recursos administrativos antes”.
Pero, más allá de las cuestiones judiciales, lo cierto es que las nueve familias aseguran que son varios los indicios que les hacen pensar en que pueden ser desalojadas. “Algunos nos dicen una cosa y después, lo contrario. No sabemos qué va a pasar y estamos preocupados”, sintetizó una de las personas.
Las nueve familias involucradas en esta situación y varias de las que habitan en esa zona, a casi diez kilómetros del centro, viven allí desde hace bastante tiempo. Algunas de ellas se asentaron hace 18 años y otras ya llevan más de 20 allí, antes de que ese sector sea poblado como lo es ahora. “Cuando vinimos esto era sólo monte, acá no había ninguna calle”, sostuvieron los vecinos.
En relación con eso, argumentan que ellos no tomaron la arteria, sino que viven allí desde antes, ante la imposibilidad de acceder a otro terreno o a una vivienda estatal. Por ello, comenzaron habitando en precarias casillas que con el tiempo fueron reforzando y mejorando.
FUENTE DIARIO EL LITORAL
