La Regional NEA del Consejo Federal de Energía, conformado por secretarías de energía y distribuidoras de las cuatro provincias del Noreste, elaboró un documento dirigido al Gobierno Nacional donde solicitan la regulación de un sistema de precio estacional diferenciado para toda la región en los meses de verano.
Por ello demanda que se demore la decisión del Ministerio de Energía de la Nación de eliminar los subsidios en 2019, como está previsto, y se mantengan hasta 2023 para Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco.
Las distribuidoras pretenden seguir recibiendo el beneficio hasta normalizar sus deudas y realizar inversiones. El argumento es que el mismo Gobierno Nacional decidió estirar los subsidios al gas para las provincias del Sur hasta el 2023.
Fundamentan el pedido en la influencia de las condiciones climáticas que afectan a la región y el incremento del uso diario de energía a raíz de los intensos calores durante el verano.
En esos meses se eleva el consumo energético por la necesidad de los usuarios de refrigerar los hogares y comercios, y como consecuencia aumentan los posteriores importes detallados en las facturas.
Además el incremento de las facturaciones que deben pagar los usuarios se considera doblemente desfavorable teniendo en cuenta que los registros nacionales demuestran que históricamente en la región del NEA se abonan los salarios más bajos.
Créditos para saldar deudas
Por otra parte, las distribuidoras del NEA piden que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) libere créditos para lograr cancelar las deudas financieras.
Apuntan a que se determine el crédito disponible a partir de las diferencias de ingresos percibidos por las distribuidoras con motivo de la ejecución del Programa de Convergencia. Y por otro lado, que sea igual a los importes abonados a CAMMESA por cada distribuidora durante el período de vigencia del programa en cada jurisdicción.
Regalías hidroeléctricas
Al mismo tiempo las distribuidoras del NEA cuestionaron que no han recibido en tiempo y forma los aportes por el derecho de regalías hidroeléctricas de Yacyretá. Además aclararon que esos pagos atrasados fueron realizados a valores nominales sin la necesaria actualización con los valores del mercado.
Con ello se remarca una clara desigualdad regulatoria ante la ley y un abuso de posición dominante que profundizó la crítica situación de las distribuidoras provinciales. Así reclaman el reajuste de los pagos ya realizados por regalías hidroeléctricas con la correspondiente actualización. Ello ayudaría a paliar la crisis económica de las distribuidoras.
Las distribuidoras remarcaron que operativamente dependen en un 100% del cobro de las regalías hidroeléctricas como soporte ante la situación de crisis en la región.
Conexiones clandestinas
Solicitan la creación de un Plan Nacional que aporte equipamientos a las distribuidoras para contrarrestar la problemática nacida por las crecientes conexiones clandestinas. Para las distribuidoras el plan debe operar sobre el objetivo de instalar medidores y otros suministros en las viviendas que actualmente se encuentran conectadas de manera directa e ilegal a la red. Además de buscar mejorar la seguridad eléctrica de las viviendas mediante la provisión e instalación de los equipos y elementos de protección que no posean.
Por ello destacan que las conexiones ilegales no solamente están bajo la situación de delito sino que también son altamente peligrosas para la seguridad de toda la comunidad en la vía pública, debido a que no cuentan con un apropiado control técnico.
Energía térmica
Finalmente, insisten que no se eliminen los contratos diferenciados con CAMMESA, que conservan suma importancia para el abastecimiento eléctrico en Misiones, hasta que puedan vincularse al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Como ocurre con la generación distribuida en las localidades de Leandro N. Alem con 15 MW (megavoltio) y Aristóbulo del Valle con la misma cantidad.
Pretenden además una ampliación de potencia de 5 MW en Leandro N. Alem y 20 MW en Oberá, con un tiempo de duración de aproximadamente tres años para la construcción de la línea de 132 KV (kilovoltio) uniendo a las ciudades de Posadas, Leandro N. Alem y Oberá.
Fuente primera edicion
