El trabajo se realiza en las zonas de Laguna Soto, San Blas y los predios ubicados a la vera de la Ruta Provincial Nº43 camino a la localidad de Santa Ana.
Avanza la investigación sobre la causa de la megaestafa en la compra y venta de inmuebles, en la que permanecen imputadas cerca de 20 personas en su mayoría profesionales.
Por pedido del fiscal Gustavo Robineau y con el aval del Juzgado de Instrucción N° 3 de Corrientes, a cargo de la jueza Josefina González Cabañas, se conformó un equipo de profesionales que lleva a cabo un relevamiento de los terrenos comercializados en las zonas de Laguna Soto, San Blas y los predios ubicados a la vera de la Ruta Provincial Nº43 camino a la localidad de Santa Ana.
El trabajo consiste en visitar a cada uno de los vecinos propietarios y preguntarles quienes fueron los que les otorgaron el inmueble y si tenían los títulos de propiedad.
El objetivo del ministerio público es cotejar toda esa información con las documentaciones que fueron secuestradas en los diferentes operativos y allanamientos en la escribanía de Gladys Báez, (la principal imputada, aún detenida) y en las oficinas del Registro de la Propiedad Inmueble y la Dirección Provincial de Catastro, entre otros.
En diciembre, la Cámara de Apelaciones dispuso la libertad del titular de la Dirección de Catastro, Narcisco Toffoletti, y del jefe de Legales del Registro de la Propiedad e Inmueble, Pedro Verón. Además, salieron en libertad el abogado Iván Bordón y Héctor Leiva; y la agrimensora Liliana Griselda Ortíz.
En tanto que el 13 de octubre del año pasado quien logró la excarcelación fue la directora del Registro de la Propiedad Inmueble, María Eugenia Demetrio, quien permanecía detenida en el Instituto Pelletier.
La causa
Vale recordar que, en agosto del año pasado, la Fiscalía de Instrucción Nº 3 a cargo del doctor Gustavo Roubineau dispuso acciones investigativas en las oficinas de la Dirección Provincial de Catastro y el Registro de la Propiedad Inmueble, en el marco de la investigación por la megaestafa en la compra y venta de inmuebles que tiene como principales imputadas a la escribana Gladys Báez, y la falsa notaria, Teresa Vázquez, prófuga de la Justicia.
Los delitos que se le imputan a más de 15 personas, en su mayoría profesionales, son asociación ilícita, estafa, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos falsos, falsedad ideológica de instrumentos públicos –estos últimos agravados– y fraude en perjuicio de la administración pública.
De acuerdo con la pesquisa, los imputados buscaban inmuebles de personas fallecidas, armaban una prescripción veinteañal con terceros, mensuraban el terreno legalmente, pero cuando llegaba al Registro de la avenida 3 de Abril y Mendoza, lo cambiaban a dominante para poder escriturar la propiedad robada. Para eso, falseaban la mensura de los agrimensores.
El negocio no es solamente el loteo San Blas de la Ruta Provincial Nº 43, a 2 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 12, que es el centro del conflicto. También se escrituraron y vendieron muchos terrenos baldíos y casas sin habitantes. Identificaban si se encontraban abandonados y verificaban a quiénes les pertenecían, precisaron fuentes judiciales.
Si se determinaba que los dueños estaban muertos, confeccionaban boletos de compra-venta y cesiones de derecho anteriores a la fecha de los fallecimientos. Hacían primeramente una mensura de prescripción, que no les habilitaba para hacer un título, entonces la fraguaban con una de dominio o deslinde y así poder escriturar el inmueble.
Ese rótulo truchado era aprobado por la Dirección de Registro de la Propiedad Inmueble. Ya en agosto del 2021, el área de Asesoría Legal de esta Dirección advirtió las irregularidades en los expedientes que llamativamente tramitaban siempre las mismas personas que hoy están imputadas.
