Es un expediente de alto voltaje político que cursa en la justicia de la provincia de Corrientes. Un juez federal, un intendente, abogados, exfuncionarios y narcotraficantes conforman la trama de un juicio que está en marcha desde el 21 de junio pasado.
El exjuez federal 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila está acusado junto a sus exsecretarios penales Federico Grau y Pablo Molina de integrar una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas para beneficiar a una banda narco.
El condimento político que siembra un gran manto de sospecha sobre la investigación es que Dávila asegura que la causa fue armada en su contra por fiscales a los que señala como cercanos al entonces gobierno de Cambiemos. Así lo dijo -casi a los gritos- ante el tribunal que lo juzga.
Lo cierto es que un nuevo elemento sospechoso generó revuelo en medio del debate. Además de los 75 testigos que habían sido convocados, doce fueron testimonios de personas con identidad reservada. En estos últimos se centró el abogado de uno de los exsecretarios imputados, Federico Grau. Se trata de Aníbal Ibarra, exjefe de Gobierno porteño, quien actualmente ejerce su profesión como penalista.
Al volver de la feria judicial, Ibarra sorprendió con una grave denuncia sobre los fiscales de la PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad) que intervienen en el juicio. Diego Iglesias y Martín Uriona -según la denuncia- habrían usado a uno de los integrantes de la banda narco implicada en el caso como testigo reservado para declarar contra el juez Dávila y el resto de los exfuncionarios.
El defensor habló de “testigo disfrazado”, por lo que denunció a los fiscales y los recusó adjuntando documentación y cruces de conversaciones telefónicas en donde se evidenciaba que el testigo era parte de transacciones para la venta de drogas.
Este jueves Iglesias y Uriona se defendieron ante el tribunal de juicio y rechazaron ser apartados del caso. Ambos acusaron a Ibarra de violar la reserva de identidad y poner en peligro la integridad de un testigo. Pero lo cierto es que no desmintieron la acusación. En la misma audiencia, el tribunal tomó los argumentos de los miembros de la PROCUNAR y no hizo lugar a la recusación.
Lo cierto es que la denuncia de Ibarra plantó una duda de peso en medio del juicio. Uno de los sindicados de la banda narco habría sido usado por los fiscales como testigo para complicar la situación de los funcionarios judiciales implicados. El punto es que -de ser así- esa persona debería formar parte de la lista de imputados. “Para evitar que la maniobra fuera descubierta los fiscales hicieron declarar al supuesto testigo con identidad reservada, pantalla apagada y sistema de distorsión de voz”, explicó Ibarra en su presentación. Y aseguró haber descubierto que el supuesto testigo tenía varias conversaciones con miembros de la banda en donde aparecía comercializando o interviniendo en el tráfico de drogas.
Sin embargo, para los jueces no puede afirmarse con certeza que ese testigo reservado debía ser imputado. Con ese argumento mantuvieron a los fiscales en el caso.
El abogado sostuvo que los fiscales conocían a la perfección la identidad del testigo y su vinculación con el narcotráfico, pero utilizaron la reserva de identidad para que no se advirtiera la maniobra. El ‘falso´ testigo declaró inicialmente en marzo del 2017 y lo presentaron en el juicio oral hace dos meses.
El telón de fondo de supuesto armado, según los acusados, fue la intención por parte del entonces gobierno de Cambiemos de quedarse con un juzgado clave de Corrientes, con competencia electoral.
Ibarra, entonces, pidió al tribunal de Corrientes – compuesto por los jueces federales subrogantes Juan Manuel Iglesias, del Chaco; Manuel Alberto Moreira, de Misiones y Rubén Quiñonez, de Formosa- que separe a los fiscales y que se declare nula la declaración del testigo en cuestión.
En una audiencia caliente y cargada de cruces entre las partes, los fiscales se defendieron y pidieron no ser desplazados. Tras un cuarto intermedio, los jueces finalmente no hicieron lugar al planteo de recusación.
El resto de los imputados en el juicio son Gregorio Giménez, Duylio Barboza Galeano, Omar Antonio Serial, Jorge Vallejos y Tomás Viglione; el exintendente de la ciudad de Empedrado, Juan Manuel Faraone; y los señalados como integrantes de la banda narco Federico «Morenita» Marín, Carlos «Cachito» Barreiro y Pablo Torres.
Fuente: Ambito
