Un sujeto con prisión domiciliaria otorgada por el juzgado federal de Sáenz Peña fue protagonista del misterio incidente, en su casa donde debe cumplir la medida judicial. El hecho ocurrió durante el fin de semana largo en la vivienda de calle Julio C. Perrando al 375 en el barrio El Bolsón, en Resistencia.
De acuerdo con fuentes de la investigación consultadas por NORTE, el implicado es un sujeto que está a disposición del juzgado federal de la ‘ciudad termal‘, identificado por las autoridades como Marcelo León Rodríguez de 44 años.
El procesado, denunció ante policías de la comisaría segunda, que se presentaron tres personas, dos hombres y una mujer, identificándose como integrantes de Gendarmería Nacional. Según Rodríguez, los gendarmes le habrían solicitado una suma de dinero, ya que fueron ellos los que habrían logrado que la justicia federal le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria.
El hombre avanzó sobre la acusación, y sostiene que ese pedido los efectivos lo hicieron bajo amenaza de arma de fuego, y que uno de ellos disparó su pistola hacia el suelo, y que si no accedía al pedido de darles una supuesta coima, lo llevarían a una dependencia. Cómo Rodríguez no accedió, según el hombre, fue golpeado con la culata del arma en la cabeza, y ahí se trenzó en lucha cuerpo a cuerpo con los agentes federales.
Rodríguez, agregó que logró desarmarlo al agresor y se quedó con la pistola, poniéndolos en fuga a los supuestos gendarmes, los que se escaparon del inmueble en una camioneta marca Toyota Hilux color blanca o champagne.
Una vez que los efectivos policiales llegaron hasta la casa de Rodríguez por el llamado al 911, el detenido entregó la pistola calibre. 9 milímetros marca Hi Power, con almacén cargador conteniendo en su interior ocho proyectiles.
Además entregó el casquillo que quedó en el suelo, cuando presuntamente el gendarme disparó para amedrentarlo y pague la coima.
El caso al comienzo quedó en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, pero luego se declaró incompetente y finalmente investiga la fiscal en turno Roxana Soto, quien ordenó la intervención de la División Rastros y el Gabinete Científico a fin de determinar la veracidad de lo relatado por el encausado.
