Liliana Pascua está acusada de malversación de fondos públicos, con enriquecimiento ilícito y defraudación contra la administración pública.
El juez federal de Sáenz Peña, Miguel Aranda, dictó el procesamiento sin prisión preventiva contra la intendenta de Enrique Urien, Liliana del Carmen Pascua, por los delitos de malversación de caudales públicos, con enriquecimiento ilícito y defraudación contra la administración pública.
Asimismo, el magistrado ordenó trabar embargo sobre los bienes suficientes de la procesada hasta cubrir la suma de $45.600.000, al tiempo que dictó la falta de mérito respecto a los hechos involucrados con los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de dinero.
La causa se inició con una denuncia del diputado provincial Alejandro Gabriel Aradas, quien había detectado una supuesta corrupción con un minucioso trabajo de investigación.
A través de la misma, el diputado detectó facturas apócrifas de obras, de personas que nunca estuvieron trabajando para el municipio; de otorgamiento irregular de viviendas por parte de la intendente, en complicidad con el entonces presidente del Instituto de Vivienda, donde entregaron viviendas a familiares y amigos del poder.
En el requerimiento fiscal, Amad indicó: «En el año 2013 el gobernador Jorge Capitanich anunciaba la construcción de diez viviendas para el paraje La Viruela, que fue desbastado por un tornado. Pero la intendente Liliana Pascua relocalizó las mismas para construirlas en el ejido de Enrique Urien y finalmente fueron entregadas en el año 2016. Aquellas viviendas que estaban destinadas a familias humildes de pueblos originarios, terminaron siendo ocupados por la propia intendente Liliana Pascua, la segunda por su cuñado, la tercera por su tío, la cuarta por la madre, la quinta fue adjudicada a la expresidenta del Concejo Deliberante. Es decir; a Vargas, José Víctor, hermano del actual presidente del Concejo que es la pareja de Liliana Pascua».
«Está a la vista la remodelación de dicha vivienda, construyendo una segunda planta pasando a poseer dos casas, por lo tanto no cumple los requisitos para acceder a vivienda sociales de emergencia hídrica y pueblos originarios Viviendas emergencia hídrica (similar a las viviendas AIPO) y pueblos originarios, los mismos son poseer escasos recursos y sin relación de dependencia. La maniobra es increíble, pero también inaceptable, de diez viviendas, cuatro quedaron en el clan familiar. Lo peor de todo es que esas viviendas son destinadas a familias de escasos recursos, sin recibos ni ingresos en blanco».
«Ni la intendente Liliana Pascua, ni su familia o familiares encajan en los requisitos para acceder a ellas».
