Un grupo de legisladores “kirchneristas” adelantó la puesta en vigencia de seis artículos del nuevo Código Procesal Penal Federal que permiten revisar condenas, atrasar el concepto de condena firme y autorizar a esperar una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes de empezar a cumplir la pena de cárcel para acusados de delitos federales como la corrupción, el narcotráfico, el secuestro o el tráfico de armas. â
Los seis artículos entraron en vigencia este miércoles tras su publicación en el Boletín oficial por parte de esa comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo Código Procesal Penal, que fue aprobado por el Congreso durante la gestión de Mauricio Macri. Con esto se busca favorecer a los ex funcionarios k condenados por delitos de corrupción que podrían así quedar en libertad, una situación que entre morosidad de la Suprema Corte en la resolución de casos y estrategias legales podría entenderse en el tiempo indefinidamente.
Hasta ahora se consideraba que una condena de un tribunal oral estaba firme cuando la Cámara Federal de Casación Penal rechazaba un recurso extraordinario del condenado para ir a la Corte. Pero a partir de estos cambios, habrá que esperar que la Corte se defina, alargando los tiempos para cumplir una pena de prisión. La Corte no tiene un plazo establecido para pronunciar sus sentencias, mientras, de acuerdo a estas modificaciones puestas en vigencia el condenado quedaría libre aunque haya sido hallado culpable de corrupción, narcotráfico, secuestro o tráfico de armas.
En el fondo, los legisladores kirchneristas del grupo más cercano a la vicepresidente Cristina Fernández, buscan beneficiar al ex vicepresidente Amado Boudou y otros ex funcionarios o dirigentes K que tienen condenas confirmadas por la Corte en causas por corrupción y tratan de cubrir a su jefa política ante condenas que le puedan surgir en alguna de las causas abiertas en su contra.
Asi como se beneficiaría Boudu, el manto de impunidad podría alcanzar también al caso de la Tragedia de Once, ya que la Corte confirmó parcialmente y pidió que la acusación contra Ricardo Jaime sea revisada por la Casación. Y está pendiente la condena del ex ministro de Planificación, Julio De Vido.
Hasta ahora el Código Procesal Penal se iba implementando por provincias, pero los legisladores K con la excusa de la «inequidad» lo extendieron a todo el país.
En la resolución que difundió este miércoles el diario Clarín, la Comisión responsable de trabajar en la implementación del nuevo Código Procesal Penal, decidió poner en vigencia seis artículos que refieren a la ejecución de una pena.
«Resulta oportuno implementar para todos los tribunales de la Justicia Nacional Penal los artículos con el objetivo de evitar que se generen situaciones de desigualdad ante la ley para los justiciables, así como un impacto diferencial en litigios seguidos contra el Estado argentino en organismos supranacionales», sostiene el texto publicado en el Boletín Oficial.
Los integrantes de la Comisión entendieron que a los fines de «evitar errores de interpretación de la normativa procesal vigente que puedan desembocar en perjuicios irreparables en materia de los derechos de los justiciables y/o posturas contradictorias respecto del alcance del derecho a la revisión», era mejor impulsar la implementación nacional de los articulados que sostienen que las condenas dictaminadas serán ejecutables cuando la Corte Suprema las contiene
Para los legisladores firmantes (Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, Ramiro Gutiérrez, Roberto Mirabella, María Inés Pilatti Vergara, María de los Angeles Sacnun, Martín Soria y Marisa Lourdes Uceda), esta decisión «evitará eventuales impactos en la litigiosidad del Estado argentino ante los organismos supranacionales».
En este sentido, pusieron en vigencia los artículos 366 y siguientes del Código Procesal Penal «en todas las jurisdicciones federales del territorio nacional».
âEsto tiene otro apartado, y es que existe la garantía de recurrir una sanción penal ante otro juez o tribunal con facultades amplias», como la Camara de Casación Penal. Hasta el momento se consideraba con confirmación una sentencia sobre la cual se había pronunciado el Máximo Tribunal penal.
La decisión de la Comisión busca dirimir el debate sobre si esa instancia es suficiente, y resolvió que sólo se podrá ejecutar la pena cuando resuelva la Corte, que para eso no cuenta con plazos.
En esta línea, los artículos que se pusieron en vigencia indican que la instancia de revisión de una sentencia firme podrá realizarse «en todo tiempo y únicamente a favor del condenado», cuando exista una resolución en sentido contrario.
Ahora para dejar sin efecto una sentencia «se tendrá un espectro amplio de aspectos a evaluar: pruebas que se consideren faltas, testigos de igual carácter, también si la condena se dictó de forma contraria a la ley, cobro de coimas.»
O si después de la condena sobrevinieran o se descubrieran nuevos hechos o elementos de prueba que garanticen la inocencia del acusado».
Otro de los cambios implementados, determina que si hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se deberá revocar la condena y mientras tanto el condenado no irá preso.
Es la misma Comisión que puso en discusión las prisiones preventivas y que antes de dictar una, deben agotarse una serie de instancias.
Pero en este caso, vinculado a la ejecución de penas, se pone en vigencia que se podrá aplicar «la libertad provisional del condenado, con o sin caución, durante el procedimiento de revisión».
Los artículos que entran en vigor del Código Procesal Penal son el 366, 367, 368, 369, 370 y 375.
