El Gobierno provincial se niega a renovar la continuidad. Serán más correntinos desocupados en plena pandemia de Covid-19.
Denuncian que el Gobierno de Gustavo Valdés lo quiere echar por el vaciamiento del organismo para que esas funcionen las cumpla una empresa privada que busca quedarse con las tareas que debe cumplir el Estado en el cobro de tasas de Catastro.
Hay tensión porque el Gobierno amenaza con desalojar a los trabajadores con la Policía.
Todos siempre cobraron en negro (cero costo para el Estado) por el convenio 5.217 de beneficio con pago de tasas.
La precarización laboral es una negación de derechos del trabajador y es ejecutada por el Gobierno de Corrientes.
Ni siquiera fueran tomados como monotributistas. Todo es en negro.
Pero todos ellos acreditan más de 10 años de antigüedad, lo que tampoco quiere ser respetado por el Gobierno provincial.
Fuente impacto mercedes
