El anuncio del presidente Alberto Fernández sobre una multimillonaria inversión para obras públicas en cinco provincias, reflotó en Corrientes la expectativa por un proyecto -importante y largamente esperado- que durante los últimos tres años dormitó sin suerte pese a contar, inicialmente, con un financiamiento aprobado desde el exterior. Sucede que la planta de tratamiento de líquidos cloacales para la ciudad de Corrientes contaba, cuando se presentó en junio de 2017, con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero las irregularidades que se fueron hilvanando en el proceso frustró su concreción.
Ahora el proyecto volvió a cobrar impulso, la administración de Alberto Fernández se comprometió a destinar casi 2.900 millones para hacer la obra, planificada en el complejo habitacional Santa Catalina. Es más del doble de lo presupuestado en el comienzo.
No deja de ser llamativo, el kirchnerismo se monta sobre una promesa de campaña del macrismo, que significó el golpe de nocaut a la pretensión de reelección de Fabián Ríos (un K, paladar negro) en la Intendencia capitalina.
Con independencia de la anécdota (curiosidad de la política criolla), el hecho indiscutible es que la planta de tratamientos cloacales es una obra necesaria. Imprescindible. Sin embargo, la pregunta obligada es: ¿se subsanaron los errores o el proyecto se edificará sobre el piso resbaladizo que impidió antes la concreción? ¿Emparcharon los agujeros legales? ¿El BID financiará la obra o se perdió ese crédito? ¿Es el mismo proyecto, todavía está vigente la licitación que se realizó? Y muy importante, ¿se hará una audiencia pública con el resultado del estudio de impacto ambiental a la vista?
Las preguntas exceden el anuncio escueto del profesor Fernández y los plácemes de las autoridades provinciales. Seguramente en las próximas semanas irán asomando las respuestas, o no.
La obra es tan necesaria como indispensable la salubridad del proceso administrativo que la sostiene.
La planta cloacal es una vieja asignatura pendiente que entronca con el déficit del contrato de concesión de servicio público en Corrientes. Actualmente los desechos se tiran en crudo al río Paraná.
Ahora bien, el capítulo reciente de esta historia comenzó a escribirse en las elecciones municipales (anticipadas) de hace tres años. El viernes 2 de junio de 2017, el entonces secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartúa, hizo el anuncio de la obra con una inversión del BID de 1.200 millones. Fue en un acto en la Casa de Gobierno junto al gobernador de ese momento, Horacio Ricardo Colombi. Dos días después, el domingo 4 de junio, Fabián Ríos sucumbía en las urnas y el radical Eduardo Tassano emergía, contra todos los pronósticos, como intendente de la Ciudad.
A partir de entonces el proyecto (enmarcado en el Plan Belgrano) avanzó a paso redoblado, atropellando procedimientos que son de rigor. En términos criollos, pusieron el carro delante de los caballos.
En septiembre de 2017, el Gobierno nacional hizo el llamado a licitación pública; el 28 de noviembre abrieron (en Corrientes) los sobres de siete oferentes y luego se adjudicó a una UTE. Sin embargo hasta entonces, Nación y Provincia habían avanzado sin permiso sobre el dominio público municipal.
La ordenanza para remendar este error se sancionó en febrero de 2018, en la misma sesión que se aprobó un aumento de la tarifa del boleto (con voto del kirchnerismo). Tampoco tenían permiso para uso del suelo y no había estudio de impacto ambiental.
El proyecto prevé piletas de tratamiento de líquidos cloacales a cielo abierto muy cerca de la zona poblada de Santa Catalina. Para ese entonces, el defensor del Pueblo de Corrientes, César Vallejos, hizo suya la presentación de un particular (el ingeniero Rodolfo Paladini, ya fallecido) y lo giró a la Defensoría del Pueblo de la Nación, además se cursó una denuncia en el Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad.
El proyecto de la planta en Santa Catalina comenzó a taponarse por los yerros legales: el Gobierno de Cambiemos le quitó impulso y el BID enfrió el préstamo.
Tiempo después se detectó otro error tremendo, la traza del segundo puente (otra obra frustrada) pasaba por arriba de las piletas de tratamiento cloacal. Tuvieron que rediseñar el proyecto y se desconoce cómo quedó.
La debacle económica, el porrazo electoral del macrismo, el cambio de gobierno, crisis y pandemia completaron la postergación. Ahora Fernández promete sacarlo adelante al doble del costo inicial. ¿Habrán saneado el proyecto? (L.A.S)s
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