A la par de una investigación judicial sobre una presunta estafa con el cobro de medicamentos, pesquisa que está en los prolegómenos y que podría destapar un gran escándalo, las nuevas autoridades de la obra social Pami consignaron que el organismo arrastra un pasivo de 19.000 millones de pesos con diferentes proveedores, entre ellas las farmacias. El dato del rojo financiero, que además se complementa con una primera aproximación del déficit operativo, que también es multimillonario, surgió de una auditoría interna que encargó el Instituto y que está comenzando a arrojar números negativos. Esto obliga a presuponer que el ajuste que se aplicó en la gestión anterior no sirvió de mucho, al fin y al cabo las cuentas siguen marcando un quebranto que no está claro cómo se habrá de solucionar. Y para colmo las prestaciones han sufrido un empobrecimiento.
En los últimos días el organismo -a nivel nacional- fue protagonista de una noticia, de carácter casi policial, ya que hallaron en distintos depósitos cajas con artículos para tratamientos que son vitales, y además costosísimos. Es el caso, por ejemplo, de los kits de ostomía (unos 30.000) que se vencieron guardados y nunca llegaron a los beneficiarios. Un sacrilegio.
En el marco de ese operativo, la nueva directora ejecutiva del Pami, Luana Volnovich, detalló la situación de crisis que vive la institución y dijo que están trabajando para restablecer la entrega de medicamentos gratuitos a los afiliados sin poner condiciones económicas. Si lo logran sería una justa restitución.
En paralelo a esto trascendió que se dieron las primeras medidas de una investigación judicial para determinar si hubo una estafa en la supuesta venta de medicamentos a personas que figuran en el padrón de diabéticos, para lo cual se utilizaron recetas confeccionadas de manera apócrifa. La operación rondaría en una suma de 100 millones de pesos e involucra a farmacias de distintos puntos del país.
Por lo pronto se supo que la maniobra se investiga en nueve provincias y en siete municipios de la provincia de Buenos Aires. Y no sólo con afiliados que no padecen diabetes, también con jubilados fallecidos. Según el trabajo que realiza desde 2016 la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el Pami, 583 farmacias usaron el nombre de 1.133 afiliados muertos para que el organismo pague por 23.330 tiras reactivas y 364 farmacias hicieron lo mismo con 863 jubilados fallecidos para 6.104 productos de insulina. A eso hay que sumarles los afiliados vivos que no son diabéticos: una sola farmacia de la localidad de San Isidro falseó recetas para cobrar casi 69 millones de pesos por 61.854 remedios, entre tiras e insulina.
La UFI Pami, a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo, tiene probada que la maniobra era la siguiente: al padrón de diabéticos se agregaba -lo hacían empleados de la obra social- el nombre de afiliados que no tenían esa enfermedad. Luego las farmacias completaban las recetas de Pami con los datos de los jubilados y les ponían troqueles falsos de tiras reactivas e insulina. Con esa receta se presentaban cada 15 días y le cobraban al organismo el 100% del costo del remedio ya que para la diabetes la cobertura de los remedios es integral.
De acuerdo a los testimonios que recogieron los investigadores, se conjetura que las recetas que se usaban eran robadas en el Pami o en hospitales y las vendían a las farmacias. También se falsificaban los troqueles.
Por el momento todo es parte de una pesquisa. Si se comprueba, el escándalo puede ser monumental, como lo es la propia obra social que tiene cinco millones de afiliados en todo el país, jubilados, pensionados y ex combatientes de Malvinas. Lo que se dice un gigante, que se vuelve difícil de controlar.
Fuente diario norte
