Los negocios con la basura, sospechados de corrupción, pusieron en jaque a tres exintendentes correntinos. Eduardo Galantini, de Monte Caseros; Ernesto Domínguez, de Curuzú Cuatiá, y Hermes Bordón, de Paso de la Patria, son tres de los 92 jefes comunales de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz, Chubut, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Misiones, La Pampa y Salta, procesados acusados de malversar fondos del Programa Municipal de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, administrados por el gobierno nacional durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
El juez federal Claudio Bonadío, en el mismo fallo, dictó el sobreseimiento de Carlos Mauricio Espínola, exjefe comunal de la capital provincial, y de Nancy Sand Giorasi, quien antes de ser
ERNESTO DOMÍNGUEZ.
senadora provincia era intendente de Bella Vista.
De acuerdo con la determinación del magistrado “cada intendente, con su accionar, contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, por una suma aproximada de $604.529.670,00”.
Para Bonadío, esa maniobra fue ejecutada junto a las autoridades nacionales anteriormente procesadas por este Tribunal, cuyas conductas fueron valoradas respecto de la mayoría de igual manera por el tribunal de Alzada. Se trata de los exjefes de gabinete de la Nación Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Milton Capitanich. Una aclaración necesaria: las provincias de Buenos Aires y Chaco son las que más intendentes procesados tienen, entre ellos el actual vicegobernador de la provincia vecina, Daniel Capitanich, hermano del exjefe de Gabinete y actual jefe comunal de Resistencia.
HERMES BORDÓN.
Cuando le tocó declarar a Capitanich, adjudicó toda la responsabilidad de la malversación a los intendentes beneficiados con la operatoria.
Tras procesar a los exjefes de Gabinete, Bonadio citó a indagatoria a un centenar de intendentes que habían aplicado esos programas.
Según el diario digital infobae.com, “la auditoría que dio origen a la causa del Ministerio de Medio Ambiente, demostró que no existió “un mapa crítico que permitiera disponer de información fundada sobre las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas en la gestión de residuos”.
Fue tan discrecional el aporte de fondos, que la ciudad de Buenos Aires, así como municipios de Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego, pidieron financiamiento pero no les enviaron nada. “En cambio, sólo cuatro jurisdicciones, Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja, obtuvieron el 79% de los fondos, circunstancia que se agravó porque tres de ellas generaban un pequeño porcentaje de residuos a nivel nacional”.
CARLOS MAURICIO ESPÍNOLA.
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NANCY SAND GIORASI.
-Fuente diario epoca
