El 17 de diciembre de 1999 el puente Belgrano permanecía cortado desde hacía una semana. Tras decidir la Intervención Federal días antes, el Gobierno Nacional ordenó un cruento operativo de Gendarmería que terminó con dos jóvenes asesinados y más de 50 heridos.
La situación comenzó a fines de 1998, cuando el gobernador Pedro Braillard Poccard no pudo afrontar el pago del aguinaldo y en el comienzo de 1999 el panorama no era alentador. Entre febrero y marzo había empezado a gestarse una figura nueva que fue crucial en los meses siguientes: los autoconvocados.
Los empleados públicos tampoco cobraron sus salarios de marzo, abril y mayo y la paciencia se fue terminando. En toda la provincia surgieron marchas que con el paso de los días se fueron haciendo cada vez más masivas. Tal es así que el lunes 7 de junio fue la fecha que marcó un antes y un después en los reclamos, con una multitudinaria protesta. Empleados públicos de toda la provincia llegaron a la Capital, cortaron el puente Belgrano y se instalaron en la plaza 25 de Mayo frente a la gobernación.
El Gobierno nacional comenzaba a analizar la situación de Corrientes y el fantasma de una nueva intervención federal ya sobrevolaba la provincia.
Doce días más tarde, el sábado 19 de junio, el gobernador Pedro Braillard Poccard fue suspendido en sus funciones por un juicio político reclamado por los docentes provinciales y aprobado por la Cámara de Diputados. Asumió el vicegobernador Víctor Hugo Maidana, que tampoco encontró soluciones a la crisis y fue desplazado el 2 de julio. El vicepresidente primero del Senado, el peronista Hugo Perié, tomó entonces el mando del Poder Ejecutivo.
Braillard Poccard y Maidana fueron finalmente destituidos el 26 de noviembre, cuando la crisis estaba en su peor momento y se comenzaba a hablar de recambio en el gobierno.
Fernando de la Rúa intervino la provincia el 15 de diciembre en una de sus primeras medidas como presidente. A través de la ley 25.236 se dispuso “la intervención a la provincia de Corrientes a fin de garantizar la forma republicana de gobierno” y determinó “la inmediata caducidad de los mandatos del gobernador y vicegobernador y de los miembros del Poder Legislativo”, además de declarar “en comisión a los miembros del Poder Judicial”.
La represión se hacía cada vez más frecuente ante los ánimos caldeados de la sociedad. El 17 de diciembre, una orden de desalojar el puente generó una brutal refriega encabezada por el comandante de Gendarmería, Alberto Chiappe.
Dos personas murieron: los jóvenes Mauro Ojeda y Francisco Escobar. Cayeron desvanecidos por el plomo de los uniformados en el cruce de la calle Chaco con la avenida 3 de Abril. Ellos reclamaban soluciones a la caótica situación provincial y hasta hoy nadie respondió por esos crímenes en la Justicia, quedando todavía impunes.
Francisco Escobar tenía 25 años, era cartonero y tenía una hija. Mauro Ojeda, de 19, limpiaba parabrisas en la avenida Maipú para ayudar a su mamá. Los dos venían de familias muy humildes, y fueron velados en sus casas. Ningún referente político se acercó a expresar sus condolencias u ofrecer ayuda. Pasaron 19 años de aquel trágico día, y hasta hoy, nadie se hizo responsable por los crímenes de Mauro y Francisco. Sus familias siguen sufriendo la impunidad.
Archivo Fotográfico: Biblioteca Ñañuvá
