Distintos sectores reclaman desde hace tiempo más claridad con respecto al Plan Costero, que aunque fue aprobado por el Concejo Deliberante se desconocen los alcances de la utilización de los predios ribereños correntinos. Uno de esos lugares es el de la Unidad Penal Nº 1, que será trasladada a San Cayetano. Ante esto, la Red Corrientes de Derechos Humanos manifestó su preocupación, puesto que considera que se prioriza la cuestión inmobiliaria por sobre las condiciones y los derechos de las personas privadas de su libertad. Creemos que el urgente llamado a licitación y posterior traslado de la unidad penal a San Cayetano obedecen a razones de índole inmobiliaria, más que a generar mejores condiciones de habitabilidad, seguridad y reinserción a quienes circunstancialmente están privados de su libertad ambulatoria y bajo custodia del estado, señalaron en un comunicado al que tuvo acceso NORTE de Corrientes. En ese sentido, reclamó al Comité contra la Tortura que realice monitoreo sobre las licitaciones y los proyectos y que pida la intervención de la Facultad de Arquitectura de la Unne y de mecanismos de prevención de la tortura regionales y nacional para garantizar que este traslado no sea urgido solamente por los negocios inmobiliarios, sino que sirva para garantizar el acceso a derechos, a la dignidad de las personas allí alojadas, a sus familiares, del personal penitenciario que presta servicios en esa unidad, y todo el equipo de docentes de todos los niveles educativos y a los voluntarios de colectivos de derechos humanos que realizan diversas actividades de promoción de derechos. Además, piden un estudio de impacto ambiental sobre el paraje Paso Pesoa, incluidos estudios de agua (potabilización y desagües cloacales) y que todo el Plan Urbano Costero sea sometido a audiencia pública y debate ciudadano. Consideran que un punto especial será atender, en este contexto, las necesidades de educación y trabajo. En ese sentido, piden que se solicite informes al Ministerio de Educación de la Provincia, a Educación Superior y a la Unne sobre el espacio y equipamiento que deben contar para evitar retrocesos en calidad y cantidad en cuanto a la oferta educativa actual en el espacio por 3 de Abril.
Falencias
Con un presupuesto oficial de $905.000.000 el Gobierno Provincial abrió el proceso licitatorio para la construcción de una nueva unidad penal con capacidad para 750 detenidos, en el mismo predio de San Cayetano, donde existe la Unidad Penal 6, de procesados (con capacidad para 260 personas, pero que aloja a cerca de 340 personas, con aproximadamente un 18% de superpoblación). La Red recordó que la Unidad 6 se construyó en el año 2005 y aún no se superan problemas estructurales por habilitar espacios que no ofrecen las condiciones mínimas de habitabilidad. Hoy se siguen padeciendo problemas de agua potable. Hay que hacer profundas perforaciones y utilizar bombas. No sabemos si se hace el debido control de calidad del agua de perforación, que sale ferrosa. Son permanentes y sistemáticas las quejas por sabor y color de la misma, refieren problemas de piel, de gastroenteritis y otros padecimientos, señalan. Agregan que en la construcción original no se previeron debidamente espacios educativos ni de trabajo, por lo que las clases se dan en turnos rotativos algunos días a la semana. En la Ruta 12 hay unos cinco kilómetros de tierra, intransitables los días de lluvia. Impensable suponer qué pasaría si hay emergencia sanitaria o un conflicto importante, después o en medio de una tormenta, advierten. Además, no hay teléfonos fijos y la telefonía móvil tiene una pésima calidad de señal, dejando por horas incomunicados tanto a presos como a personal penitenciario, entre otras falencias
Fuentes diario norte
